Por Jorge Abedrapo

Dr. en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Académico de la Universidad San Sebastián.

Dentro de las modernizaciones siempre anunciadas y esperadas destacan la de la Cancillería y el sistema de financiamiento de las fuerzas armadas. Esta última tendría dos dificultades u obstáculos que no le han permitido avanzar, por un lado, no ha sido de interés de la opinión pública por lo que a pesar de estar en los programas de gobiernos y en las promesas de campañas como un aspecto relevante a reformar desde la perspectiva de la transparencia y democratización del sistema, los gobiernos pasan y el sistema se mantiene.

Por otro lado, son muchos los intereses corporativos e institucionales que están detrás del financiamiento del sistema de armas para el país, por lo que la inercia es a mantener el statu quo y no abrirlo hacia una mayor transparencia y control civil.

Sumado a lo anterior, se debe considerar que al mundo político (en especial parlamentarios), la actual Ley Reservada del Cobre le ha facilitado por décadas la discusión presupuestaria sin que deba enfrentar el dilema de “mantequilla o cañones”, lo cual es sinónimo de señalar que no ha tenido que argumentar el por qué financiar costosos sistemas de armas para la defensa nacional intangible, mientras que la ciudadanía exige tangibles tales como hospitales, escuelas o pensiones.

Desde esta perspectiva, el sistema de financiamiento del sector defensa destinado a la compra de armas ha sido funcional a ellos.

Al respecto, las recientes evidencias de mal uso de los recursos fiscales por parte del Ejército de Chile ha venido a ejercer una nueva presión en favor de avanzar en trasparentar los gastos destinados al sector defensa y estrechar los niveles de autonomía de las ramas de la defensa. Durante el primer gobierno del Presidente Piñera, el Congreso acordó avanzar en la reforma del sistema de financiamiento, sin embargo, ello no ha ocurrido por las razones antes esgrimidas.

Actualmente, el gobierno tiene la oportunidad de impulsar la reforma debido a la evidente necesidad de robustecer a las instituciones permanentes de la república, sobre todo desde la perspectiva de mejorar su credibilidad ante la opinión pública.

En tal sentido, uno de los aspectos sustantivos que debiera considerar la reforma es una subordinación al poder civil, el cual debe asumir la administración y la responsabilidad de inversión en la materia, por lo tanto, debe contar con las competencias y capacidades para el proceso de adquisición. Cuestión que no será fácil ni rápido implementar.

Por otro lado, el Congreso debiera contar con facultades de control en el proceso de compra de sistema de armas, mientras que la Contraloría acceder a través de un sistema de auditoria permanente a los gastos reservados del sector defensa. Esta debiera contar con respaldos que permitan acreditar que los fondos son utilizados para los fines propios de las instituciones castrenses.

En consecuencia, pareciera que las situaciones que han cuestionado la probidad del sector defensa, en especial del Ejército de Chile, han creado una situación ante la cual el gobierno no podría dilatar una vez más la prometida reforma al sistema de financiamiento de adquisición de armamento. Si lo llegará hacer, traería un nuevo costo al prestigio de la democracia chilena.