El Consejo de Defensa del Estado, a través de su Procuraduría Fiscal de San Miguel, presentó una querella criminal contra el exalcalde de la Ilustre Municipalidad de Pirque, Cristian Balmaceda y dos exfuncionarias de la Corporación Municipal de Educación y Salud de Pirque (CORPIRQUE) por su participación como autores del delito de fraude al Fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante el curso de la investigación que sigue el Ministerio Público, en que se indagan ilícitos que afectan a dicho municipio.

La querella interpuesta por el CDE, presentada ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto, se dirige nominativamente contra el exalcalde Cristian Balmaceda, en su calidad de presidente de la CORPIRQUE y las exfuncionarias Ángela Galvez y Claudia González, exsecretaria general y exdirectora de salud de dicha corporación, respectivamente.

De acuerdo con los hechos expuestos en la querella, se trata de actuaciones que dan cuenta de una gestión desleal del patrimonio que causó un perjuicio al Fisco de Chile debido al pago de bonificaciones y asignaciones sin justificación como por el posterior finiquito de los contratos de ambas querelladas por una causal falsa e improcedente, que incorporó además el pago de dichas bonificaciones y asignaciones.

En efecto, en ambos casos, se invocó la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, sin justificación alguna, además de no indicar fundamentos de hecho, sin que existiera carta de aviso, lo que incluyó indemnizaciones millonarias mediante un acuerdo realizado días antes de que Balmaceda y Gálvez dejaran de representar a la CORPIRQUE.

Cabe hacer presente que los cargos públicos que ostentaban las trabajadoras, de acuerdo a lo estipulado en la ley y en los estatutos, no permiten poner término a dichos contratos de trabajos por la causal de “necesidades de la empresa”, siendo una situación falseada por los querellados para obtener una serie de prestaciones de forma ilegal a favor de Gálvez Osorio y González López.

En cuanto a Gálvez Osorio, en el finiquito se estipuló y, posteriormente, se pagó $63.351.738 por concepto de indemnización, vacaciones pendientes y años de servicio.

Por su parte, respecto de Claudia González, a pesar de que llevaba contratada menos de un año y medio por la CORPIRQUE, se estipuló un pago de $38.369.993, no obstante que, legal y jurídicamente dichas indemnizaciones resultaban improcedentes.

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