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Por Leonel Sánchez 

Abogado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

La historia de las policías en Chile es muy dinámica y condicionada a la coyuntura del devenir histórico. De hecho, las actuales policías chilenas son muy jóvenes dentro de la historia del país, con 95 años de trayectoria en el caso de Carabineros de Chile y 89 años en el caso de la Policía de Investigaciones de Chile, cuyos recorridos han tenido cambios radicales en su proceso de reestructuración, dependencias y roles.

Las necesidades de policías deben ser uno de los aspectos más consensuados entre las necesidades y servicios que un Estado moderno debe brindar a una sociedad. Las funciones policiales se inscriben en los ámbitos de prevenir y detectar delitos, mantener el orden público y proveer asistencia a quienes la necesiten (Araya, 2021). Es así como en la redacción utilizada en la propuesta constitucional del año pasado, se concebían como instituciones destinadas a dar eficacia al derecho, garantizar la seguridad pública y resguardar los derechos fundamentales.

Por tal motivo, su permanente replanteamiento debe ser una tarea que siempre debe enfocarse en una sociedad que se organiza bajo los parámetros del Estado de Derecho, la democracia y los valores y normas de los derechos humanos. A nivel internacional esto no es novedad. En las últimas décadas, el debate acerca de la reforma policial ha estado presente en América Latina, a raíz del incremento del crimen y del colapso de instituciones policiales afectadas por el desprestigio, la corrupción y los elevados grados de violencia contra las personas (Frühling, 1999).

Chile vive una nueva crisis con sus policías y debe ser enfrentada desde una perspectiva estructural más allá de la contingencia o la mera voluntad declarada de sus altos mandos o las autoridades políticas responsables de la seguridad ciudadana.

La actual crisis se manifiesta en la deslegitimidad de su actuar, en los casos de corrupción de fondos públicos que administra, en la eficacia de los mandatos constitucionales y legales relacionados con su desempeño policial y, por sobre todo, en el respeto de los derechos humanos que se ven involucrados.

Las falencias descritas, sobre todo en Carabineros de Chile, hacen que sea una institución lejana a la ciudadanía y sin control efectivo de las autoridades democráticas y civiles respectivas, con un sistema normativo y de control autárquico, de defensa corporativa y absolutamente discrecional (Araya, 2021).

¿Por qué enfrentar esta crisis de las policías con una propuesta de creación de una tercera policía nacional? Está demostrado que la posibilidad de hacer reformas desde las actuales policías, sobre todo a Carabineros de Chile, es casi un imposible en el cual se han visto involucradas las distintas autoridades de las más variadas tendencias políticas en las últimas décadas.

Por lo tanto, la posibilidad de tener una nueva política pública sobre las policías es una oportunidad para la configuración de una tercera policía nacional, que aborde funciones en específico, libre de una carga histórica de ilegitimidad y de ciertos códigos de la cultura organizacional que están arraigadas en dichas instituciones, las cuales han sido verdaderos obstáculos para las reformas necesarias tanto de Carabineros como de la PDI.

En efecto, la crisis actual no es solo consecuencia del desempeño policial en el estallido o revuelta social comenzada el 18 de octubre de 2019, no es un fenómeno puntual (Araya, 2021), ni tampoco tiene una explicación exclusiva en la participación y rol que jugaron las policías en la dictadura de Pinochet. La crisis ha sido casi permanente y tiene un sentido más amplio y profundo de cómo la violencia policial ha sido descrita en la historia del movimiento popular por parte de diversos autores, como Mario Garcés o Sergio Grez, prevaleciendo la mirada de unas policías al servicio de la elite gobernante [oligarquías] y sus afanes coercitivos (Palma, 2014).

Cuando se instalan en la opinión pública los problemas de seguridad ciudadana como unos de los más importantes, obviamente sube el apoyo y la confianza en las policías, que se ven como la primera línea en la prevención y control del delito. Eso no debe ser una cortina que tapa la necesidad de reestructurar completamente la labor policial en el país. Dicha confianza puede inhibir el poder político y el accionar de los actores políticos y sociales para enfrentar los procesos naturales de cambio y reforma institucional (Dammert, 2016).

Al momento de enfrentar dichos cambios, existe el temor de que el proceso de transformación pueda afectar la labor policial, pues no hay tiempo para esperar el surgimiento de una nueva policía que reemplace a la vieja. Por lo tanto, debe ser un proceso en paralelo, lo cual dificulta el proceso de reformas y modernización.

Es así como una alternativa para romper dicha inercia es la de organizar una tercera policía nacional, cuyo objetivo principal sea la prevención, control y persecución de conductas ilícitas asociadas a delitos de alta complejidad, como podrían ser las conductas asociadas al negocio de comercialización de drogas ilícitas o actividades de narcotraficantes u otras similares, incorporando estrategias modernas para enfrentar el fenómeno delictual.

Esta tercera policía podría configurarse en el corto plazo, con miembros de las actuales policías, y con la formación profesional de nuevos miembros en un mediano plazo. Sus características serían las de ser una policía de alta calificación profesional, con incorporación de todos los adelantos tecnológicos y con un alto estándar de probidad, transparencia y respeto a los derechos humanos, desde su formación inicial y su sistema de capacitación permanente, con claros mecanismos de control social y democrático.

La posibilidad de la configuración de una tercera policía nacional evitaría los problemas de transformación cultural, institucional y logística de las actuales policías, evitando cambios parches que no tienen el impacto deseado, cambios y reformas que se vienen arrastrando por décadas y que no han logrado una transformación y actualización real de dichas instituciones del país.

Independientemente de la opinión que se tenga sobre esta propuesta u otras similares, no podemos abandonar la idea de perfeccionar nuestras policías, las cuales cumplen un rol insustituible en la sociedad chilena. Tampoco abandonar la idea de la prevención integral del delito, que incluye temas mucho más amplios que la prevención policial, implicando dimensiones que no hemos abordado en esta columna, que dicen relación con la reinserción social, la prevención situacional, psicosocial y sociocomunitaria, aspectos que se tienen que asumir por el conjunto de la sociedad y del Estado de Chile. //ELF