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Fijan fecha de formalización a exalcalde de Ñuñoa Andrés Zarhi (exRN)

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Para el 09 de febrero de 2024 a las 13:00 horas quedó fijada la audiencia de formalización del exalcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi (Ind.ex RN) por su presunta responsabilidad como autor en los delitos de malversación de fondos públicos y fraude al Fisco.

En concreto, los delitos habrían sido cometidos en la Corporación de Desarrollo Social de Ñuñoa (CMDS), ubicada en Manuel de Salas 451, entre los meses de mayo de 2019 y junio de 2021.

Zarhi será formalizado junto al ex secretario general de la CMDS, José Palma Vega; el exdirector jurídico, Ludwig Bornand Manaka; y el exdirector de Salud, Roberto Stern Elfenbein. Todos ellos en calidad de autores.

La denuncia fue realizada por la actual alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD). En agosto de 2021, Ríos denunció las posibles anomalías ante el Ministerio Público. Casi un año después, la Contraloría General de la República realizó una auditoría, en la que se advirtió que hubo millonarios pagos en exceso a colaboradores del exalcalde, que alcanzan los $492 millones.

En agosto de 2022, Ríos solicitó que se indaguen eventuales delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, que bordearían los $176.167.470.

Senador Fidel Espinoza: «Revolución Democrática quiere arrastrar al Socialismo Democrático al mismo fango de la corrupción, de los actos delictivos»

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El senador del Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza, una de las voces más críticas desde el oficialismo al denominado Caso Convenios, sostuvo que un sector de Revolución Democrática (RD) tiene la estrategia de querer “meter” en el mismo “pozo de la corrupción donde ellos están involucrados” al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

En medio de los cuestionamientos por la arista Democracia Viva del proceso judicial que investiga el Ministerio Público ante presuntos hechos de corrupción en la firma de millonarios contratos entre el Minvu y la fundación, el personero de Gobierno afirmó que sí recibió un documento que hacía referencia a la ONG. Sin embargo, también indicó que este no contenía detalles de irregularidades.

El parlamentario socialista comentó que no es amigo del titular de Vivienda, pero sí compañero de partido, con quien compartió en distintas instancias en el Congreso Nacional. En ese sentido, Espinoza dijo que, puede sostener “dos cosas que creo que son importantes transparentarlas ante el país: el ministro Montes es una persona que tiene una intachable vida política, eso nadie lo puede criticar, nadie lo puede desconocer, y tiene una transversalidad ese criterio”.

No obstante, “si de algo pueden criticar al ministro Montes es de porfiado, porque fue porfiado. Yo fui de los primeros parlamentarios que les dijo, como presidente de la Comisión de Vivienda cuando explotó el Caso Convenios, que esto iba mucho más allá de Democracia Viva, que esto tenía que ver con Urbanismo Social, Procultura y otras fundaciones. Fue un mecanismo que idearon estas personas ligadas a Revolución Democrática para defraudar al Estado, si eso no hay que desconocerlo. El ministro se equivocó porque de alguna u otra manera empezó a defender a estas personas”, agregó.

Bajo ese punto, el senador recordó, por ejemplo, el respaldo que desde el Gobierno se le hizo al ahora ex secretario regional ministerial (seremi) del Maule Rodrigo Hernández, “y que terminó siendo destituido al par de horas después que el presidente lo blindó, porque se lo pidió Jackson y Crispi”, aseguró.

“Si algo tenemos que culpar a Montes es de su porfía, pero el ministro Montes no es una personas corrupta, no es una personas que esté involucrada en un acto que no corresponda. Y aquí hay que tener una distinción: Tania Rojas dijo que ella nunca le entregó antecedentes al ministro, y hoy día habla de que le entregó un informe”, añadió

Sin embargo, un secretario de Estado puede recibir un documento donde le detallen cuestiones que están ocurriendo en regiones, “pero si en ese informe no se detalla que hay ilícitos, cómo un ministro va a ser adivino para decir ‘oiga, ¿sabe qué? Tengo que actuar’”, sostuvo Espinoza.

“Entonces, lo que creo yo aquí es que Revolución Democrática, lo que quiere es, de alguna u otra manera, arrastrar a Socialismo Democrático a ser parte del mismo fango donde están involucrados ellos en los actos delictuales. Eso es lamentable desde el punto de vista político de la alianza (de Gobierno)”, continuó.

Ante los cuestionamientos que surgen desde la oposición al secretario de Estado en el caso, el senador Espinoza comentó: “Si tú me preguntas si el ministro Montes tiene responsabilidad política, claramente la tiene, porque estas cosas ocurrieron en sus narices. Es como si a un gerente de una empresa le roban en sus narices. Ahí, el dueño de la empresa probablemente le va a decir ‘usted no puede seguir siendo el gerente’. Esto en política es así”.

El parlamentario del PS acusó que un sector de Revolución Demócratica está implementando una estrategia para arrastrar al “fango” al ministro Montes.

Al respecto, Espinoza acusó que “Revolución Democrática ha mentido desde el día 1 en este tema. Mintió la diputada Catalina Pérez. Mintió el presidente de Revolución Democrática, el senador (Juan Ignacio) Latorre mintió siete veces en este caso (…). Latorre perdió toda credibilidad ante el país por todos los actos erráticos y después terminó diciendo algo que es más grave: que ellos conocían 10 días antes de que estallara el conflicto los graves hechos que hoy día están imputados. Y ayer se supo que un diputado de mi zona, el diputado (Jaime) Sáez, también era conocedor de estos temas”.

En ese sentido, el senador afirmó que en el caso hubo personas de Revolución Democrática que, “claramente, actuaron sabiendo que estaban cometiendo delito sus amigos, porque estos se formaron todos juntos y los formó Crispi. Crispi los instaló en diferentes regiones del país, por eso Crispi tiene una responsabilidad política en el cargo que hoy día está haciendo jefe de asesores, que es inaceptable que siga en el cargo”.

“Yo creo que aquí hay una estrategia de un sector de Revolución Democrática, de querer meter al mismo fango, al mismo pozo de la corrupción donde están ellos involucrados, de querer arrastrar al ministro Montes a ese fango”, sentenció en CNN.

Lagos Weber por caso “Facturas Falsas”: “Lo que hemos conocido de la mafia de las facturas falsas nos hace insistir en avanzar hacia un sistema tributario más justo, con medidas anti elusión y evasión”

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Ayer, y tras la información conocida por el caso del millonario fraude de más de 100 mil facturas falsas y que involucra a una red de empresarios en el país, el parlamentario por el PPD consideró oportuno que desde todos los sectores haya un consenso para abordar prontamente el proyecto de ley sobre un nuevo pacto tributario, y que sería prontamente presentado al parlamento por el Ejecutivo.

“Creo que es el desfalco más grande que se ha conocido en el Servicio de Impuestos Internos, y desde ese punto de vista, amerita entrar de lleno en esta materia”, señaló.

Tras conocerse detalles de la investigación que involucra, hasta el momento, a 55 empresarios del país, quienes fueron detenidos por facilitación y uso de más de 100 mil facturas falsas en delitos que permitieron defraudar al fisco en 240 mil millones de pesos, el senador y presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber, fue categórico en señalar que los antecedentes conocidos son de máxima gravedad, calificando los hechos como la “mafia de las facturas falsas”.

“Lo que hemos conocido en los últimos días sobre las mafias de las facturas falsas, creo que es el desfalco más grande que se ha conocido en el Servicio de Impuestos Internos, desde ese punto de vista, amerita entrar de lleno en esta materia”, aseguró.

En materia política, y ante los hechos descritos, Lagos Weber consideró que el actual escenario judicial en materia de corrupción por delitos tributarios genera un momento propicio para abordar cuanto antes la necesidad de generar un acuerdo transversal entre el oficialismo y la oposición para establecer un nuevo pacto tributario que establezca reglas y medidas claras para evitar y detectar a tiempo los delitos económicos.

En este sentido, Lagos Weber indicó que “el gobierno está pronto a presentar su propuesta de pacto fiscal, que incluirá medidas pro crecimiento e inversión, así como elementos de modernización del Estado para un mejor uso de los recursos públicos. En consecuencia, con un mayor crecimiento se genera mayor recaudación fiscal, y al usar mejor los recursos públicos, también se ahorran recursos para poder financiar otros bienes públicos, lo cual reduce la necesidad de recursos a obtener por vía de una reforma tributaria. Lo que hemos conocido de la mafia de las facturas falsas nos hace avanzar hacia un sistema tributario más justo, e insistir también en medidas anti elusión y evasión”.

En esa línea, el senador por la región de Valparaíso, lo que cabe ahora es que todos aquellos que participaron durante meses en las propuestas que llevaron a esta propuesta de pacto fiscal, contribuyan ahora, con su venia favorable, y al mismo tiempo, podamos aprobar los proyectos de ley que vamos a conocer sobre estas materias, a partir de enero próximo”, concluyó.

Pdte. de RD tras detención de empresarios: “Nadie está por sobre la ley y tenemos que estar contra la corrupción”

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El presidente de Revolución Democrática (RD), Diego Vela, valoró la detención de los 55 empresarios acusados de defraudar al fisco con más de $240 mil millones. 

Al respecto, el dirigente político destacó que en estos casos nadie está “por encima de la ley”:

“Felicitamos a la Policía de Investigaciones (PDI) y al Ministerio Público por este importante avance. Sería el mayor fraude al fisco por el cual se está deteniendo a las personas responsables. En ese sentido, hemos planteado en todo momento que nadie está por encima de la ley y debemos luchar contra la corrupción, caiga quien caiga“, afirmó.

Caso Convenios: Miguel Crispi y exsubsecretaria Tatiana Rojas son citados a declarar como imputados

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Se estrecha la situación de Miguel Crispi al interior del Gobierno producto que se reveló durante las últimas horas que fue citado a declarar ante el Ministerio Público en calidad de imputado, en el mercado del Caso Convenios.

El abogado del jefe de asesores del Presidente detalló que su defendido «tiene la calidad de imputado porque el Partido Republicano presentó una querella en su contra de manera nominativa, no por una decisión de la Fiscalía» según consigna La Tercera.

Y agregó que dado que su abogado anterior, Luis Hermosilla, había indicado el 1 de diciembre que prestaría declaración voluntaria, sin embargo todo se pospuso hasta el 18 del mismo mes, debido a que Crispi desistió de los servicios de Hermosilla luego de la revelación del audio y la apertura de investigación por el denominado Caso Audios y Coimas.

En el caso de la exsubsecretaria de vivienda, Tatiana Rojas, según reveló T13, fue el pasado 18 de octubre, posterior a la declaración donde aseguró haber informado al ministro Montes sobre Democracia Viva, fue que recibió la citación por para declarar ante la PDI «en calidad de imputada».

Investigan al Gobernador de Valparaíso a raíz de millonarios traspasos de platas a entidades privadas: Son 53 transferencias de fondos por $1.370 millones

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Un demoledor informe presentó la Contraloría Regional de Valparaíso en relación a las transferencias realizadas por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso a entidades privadas sin fines de lucro, a través de la modalidad de asignación directa, entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2023.

Esto dio paso a una auditoría de la entidad fiscalizadora, que detectó una serie de irregularidades y anomalías que comprometen la gestión de Rodrigo Mundaca Cabrera (Frente Amplio) como Gobernador Regional de Valparaíso, las cuales quedaron plasmadas en el Informe Final Nº 691, de 2023, documento de 55 páginas al cual el medio regional Puranoticia dio cuenta en sus páginas digitales.

En específico, esta investigación fue planificada tomando en cuenta los riesgos identificados durante la etapa de planificación relacionados con proyectos financiados con cargo al subtítulo 33, mediante asignación directa de recursos, falta de especificación de las iniciativas financiadas que fueron cargadas en el banco integrado de proyectos y posibles conflictos de interés en la asignación de los fondos, entre otros.

53 TRANSFERENCIAS

Una de las conclusiones del estudio señala que en el periodo en estudio, el Gobierno Regional de Valparaíso realizó un total de 53 transferencias a entidades privadas, con cargo al subtítulo 24, por 1.370 millones de pesos ($1.370.822.396), vía asignación directa de recursos, situación que vulnera el artículo 9 de la Ley Nº 18.575.

Dicha normativa legal expone que «la regla general para la asignación de fondos fiscales es el concurso público y que, excepcionalmente, procederá el trato directo en circunstancias calificadas, debidamente fundadas, requiriéndose una demostración efectiva y documentada de los motivos que justifican su procedencia».

En el caso de estas 53 transferencias realizadas por el órgano que lidera Rodrigo Mundaca, no se pudo acreditar dicha situación, por lo que se le ordenó al Gore de Valparaíso «adoptar, en lo sucesivo, las medidas que correspondan, a fin de favorecer la regla general y atenerse a la regulación que impongan futuras leyes de presupuestos».

SIN RENDICIÓN

Al 30 de junio de 2023, la auditoría de la Contraloría Regional de Valparaíso advirtió que los recursos otorgados a entidades privadas sin fines de lucro, con cargo a los subtítulos 24 y 33, mediante asignación directa, y que se encontraban pendientes de rendición, bordean los 16 mil millones de pesos ($15.954.199.276).

De igual forma, la investigación logró verificar que el Gobierno Regional de Valparaíso incurrió en atrasos en la revisión de las rendiciones de cuenta, por cuanto a esa misma fecha se habían presentado rendiciones en 17 convenios vigentes por 553 millones de pesos ($553.437.480), las cuales no habían sido revisadas.

Por ello, nuevamente se le ordenó al organismo regional adoptar las medidas que correspondan para lograr un control y monitoreo oportuno de las rendiciones de cuentas que se encuentran pendientes, cuyo plan de acción deberá ser informado documentadamente, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo de Contraloría.

También se detectó que el control de las rendiciones de cuentas efectuadas por las entidades receptoras de fondos es realizado por el Gobierno Regional mediante planillas Excel, además, no cuenta con un sistema informático para el control y monitoreo de las transferencias realizadas.

ACTIVIDADES SIN DETALLES

El Informe Final Nº que 691, de 2023, también da cuenta que las actividades programadas en los convenios con la Fundación Terram y las Corporaciones Fima y Epmusa, fueron planteadas de forma genérica, sin ningún tipo de detalle técnico, mostrando costos globales, en general, sin que el Gore de Valparaíso haya solicitado antecedentes para evaluar la proporcionalidad y razonabilidad de sus costos, y en definitiva, determinar fundadamente el monto a transferir en cada iniciativa.

Frente a esta observación, se le ordenó a la entidad que dirige Rodrigo Mundaca que «deberá adoptar las medidas y mecanismos de control pertinentes que le permitan contrastar el monto requerido con algún elemento de juicio que acredite la pertinencia de los montos solicitados, tales como tablas referenciales de costos, cotizaciones u otros antecedentes que justifiquen sus estimaciones económicas». Todo esto deberá ser informado oportunamente al órgano de control del Estado en 60 días.

También en relación con estas mismas entidades privadas, se detectó que las transferencias otorgadas por el Gobierno Regional de Valparaíso a ellas, por $401 millones a Fundación Terram; por $400 millones a Corporación Fima; y por $380 millones a Corporación Epmusa, se materializaron el 31 de diciembre de 2022 en cuota única, y no conforme a los programas de caja entregados por esas entidades ni al avance efectivo de las actividades comprometidas en los convenios respectivos.

Esta situación vulnera el numeral 5.13 de la glosa 02 común para todos los Gobiernos Regionales de la ley de Presupuestos para el Sector Público año 2022.

NUEVAMENTE PROCULTURA

En el marco del caso «Convenios», una de las entidades más cuestionadas y que está bajo la lupa del Ministerio Público, es la Fundación ProCultura, la cual también sale al ruedo en el informe elaborado por la Contraloría, al cual accedió Puranoticia.cl.

En ese sentido, el documento expone que se comprobó que el convenio con la Fundación ProCultura para la ejecución del proyecto «Primera Residencia de Muralismo con Intercambio Cultural La Calera – Rossengärd, Suecia», por $25 millones, también contempló un aporte de la Municipalidad de La Calera, por $5.000.000, pero sin precisar en qué se utilizarían dichos recursos.

Al respecto, se advirtió que ProCultura adjuntó a la subvención de la Municipalidad de La Calera una cotización que incluye ítems que también serían financiados con los recursos del Gobierno Regional, cuestión que toma relevancia si se considera que a la fecha de la fiscalización dicha entidad aún no rendía los recursos al Gore, pese a que la vigencia del convenio respectivo se extendía hasta el 30 de junio de 2023.

A objeto de verificar la correcta inversión de los fondos públicos, el Gobierno Regional de Rodrigo Mundaca, en coordinación con la Municipalidad de La Calera, «deberán adoptar las medidas comprometidas para velar por el debido empleo y correcta justificación de los gastos de que se trata, informando de aquello a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en el plazo de 60 días», según estableció Contraloría.

Junto a lo anterior, también se verificó que la Fundación ProCultura, en el marco del convenio señalado, entregó dos cotizaciones al Gobierno Regional de Valparaíso: una emitida por Salvador Núñez Pérez, por $21 millones; y otra por la empresa Tosca Audiovisual SpA, propiedad de Diego Echeverría Zárate, por casi $19 millones. Importante es mencionar que tanto Núñez como Echeverría son trabajadores de ProCultura, por lo que se desconoce si tales presupuestos fueron presentados de manera independiente o si lo hicieron de manera concertada.

Contraloría expresa que «existe una duda razonable en torno a si el monto por el cual se aprobó la iniciativa corresponde o no al precio de mercado», motivo por el cual se ordenó la implementación de medidas pertinentes y necesarias para velar por el debido empleo y la correcta justificación de los gastos de dicho convenio.

Frente a estos hechos expuestos, la entidad fiscalizadora de los órganos del Estado instruyó un procedimiento disciplinario que busque determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en tales hechos.