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Un grupo de 40 extrabajadores del Ministerio de Salud presentaron una denuncia ante la Contraloría General a la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y a la actual subsecretaria María Teresa Valenzuela por varias irregularidades, como por ejemplo el no pago de finiquitos.

Los exfuncionarios, que realizaban labores de fiscalización y de operarios sanitarios, afirmaron no recibir el pago de sus finiquitos por el trabajo realizado mayoritariamente entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, periodo en el que existía estado de excepción.

La denuncia señala que “según la normativa, los finiquitos deberían haberse puesto a disposición de las y los trabajadores despedidos en un plazo de diez días hábiles, lo que no ha ocurrido. Además, se ha excedido con creces lo contemplado en el cuerpo legal correspondiente, y más grave aún tratándose de una autoridad de gobierno, que está obligada a respetar la institucionalidad y la ley con mayor celo que un privado”.

Agrega que “existe una imposibilidad de verificar incumplimiento en el pago de asignaciones especiales contenidos en los contratos, como también en jornadas y horas extraordinarias, toda vez que no hemos tenido acceso al contenido de nuestros finiquitos. La situación reviste gravedad y urgencia no sólo en un marco de incumplimiento de lo señalado, sino en cuanto al contexto de la crisis sanitaria y económica que se vive, donde la gran mayoría de los trabajadores constituye el único o uno de los pilares de ingreso fundamentales del hogar”.

“Se debe investigar en profundidad y aplicar las sanciones que corresponda para que ningún otro funcionario público se vea enfrentado a esta situación”, afirma la denuncia.

Fariel Abarca, representante del grupo de exfiscalizadores sanitarios denunciantes, “la estrategia sanitaria implementada por el Minsal no ha sido lo mejor. Lo sabemos bien como extrabajadores de aduanas sanitarias. Fuimos testigos de una serie de irregularidades, incumplimientos de normas y recomendaciones para la prevención de enfermedades y accidentes laborales. En especial por vulneraciones de derechos fundamentales. La situación de incumplimiento de pagos y horas extraordinarias, se da a dos e incluso siete meses de las desvinculaciones. Esto afecta a cientos de personas. Es una infracción al Código del Trabajo y a las leyes laborales”.