Notas

Cientos de personas se encuentran en prisión preventiva tras su detención por delitos conectados con actos de protesta en el marco del estallido social “, señalaba en marzo de 2020 Amnistía Internacional en carta al Gobierno chileno. Y, solicitaba, “su liberación en espera de juicio, o la sustitución de la privación de libertad por otras medidas cautelares”. Se calcula que a fines de año todavía más de 200 de ellas y ellos permanecen detenidos y existen unos cinco mil procesos abiertos.

Frente a esta situación, las organizaciones vinculadas a los presos políticos han levantado con fuerza una campaña exigiendo su libertad, la cual ha sido respaldada por decenas de agrupaciones y personalidades, incluyendo la presentación de un proyecto de ley en el Congreso para obtener su indulto.

Confusam también demanda la inmediata liberación de estos hombres y mujeres, apoyando la lucha que están dando sus familiares y amigos ante un sistema que los retiene por largos meses sin juicio, como forma de amedrentamiento. Bajo estas circunstancias, conversamos con parientes de tres de estos jóvenes, quienes integran la Organización de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos, Ofapp. Esta es su historia…

Una honda y bombas de agua

Jordano, Claudio, Patricio y Jorge participaban como muchos otros jóvenes en las protestas luego del estallido social, animados por hacer de Chile un país más digno. Se conocieron en las marchas en San Antonio y forjaron una amistad al calor de su rebeldía.

Siempre estaban preocupados de la seguridad y de auxiliar a los heridos, cuentan sus familiares. El 2 de marzo asistieron a la convocatoria al “superlunes” que fue muy violenta en el puerto, ya que los uniformados dispararon perdigones, afirma Tania Parada, pareja de Jordano.

Al día siguiente, cerca de las 8 de la mañana, su suegro le avisa que andaban buscando a su hijo. El grupo se había quedado la noche anterior acompañando a una amiga víctima de un robo y se preparaban para concurrir a hacer la denuncia. Tania dice que al volver a casa, los persiguen en seis autos sin identificación, disparándoles. Al detenerlos: “los golpean, les vendan ojos y boca y los suben a los vehículos donde continúan los golpes, codazos y ahorcamientos”, señala.

En el cuartel de la PDI, “los desnudan, los amarran y los siguen golpeando acusándolos de ser líderes de las movilizaciones y preguntándoles por quiénes más participaban en las marchas”. Posteriormente serán llevados a constatar lesiones al hospital, donde Jordano llega inconsciente por la golpiza, afirma Tania. El informe médico señala, sin embargo, que tiene lesiones leves; Claudio un problema de oído y Jorge un TEC cerrado. Lo extraño, aclara, es que les recetan diclofenaco inyectable para sus intensos dolores.

El 4 de marzo son formalizados, acusados de atentar contra los recintos de la Fiscalía y PDI quebrando los vidrios; por homicidio frustrado de un funcionario de investigaciones y por saquear una farmacia. Tania expresa que desde octubre de 2019 los ventanales de la Fiscalía permanecen tapiados así que no se entiende cómo los dañaron. Asimismo, cuenta que la mamá de Claudio acudió a la PDI y le mostraron algunas trizaduras de ventanales como prueba. Sobre el homicidio frustrado, la joven cuenta que fue desvirtuado por el juez, ya que no había certificado médico de lesiones y el desvalijamiento, informa, ocurrió en febrero.

Expresa la entrevistada que a la formalización llegó la gobernadora y otros funcionarios estatales, entregando como evidencias una honda, un tarro de pintura, tres balines y una bolsa con bombas de agua.

Recién el 16 de febrero de 2021 se realizará el juicio oral. Claudio, Jordano y Jorge han permanecido en prisión preventiva en San Antonio, mientras que Patricio -por ser diabético- está con arresto domiciliario total. Cuenta Marcela Cepeda, prima de Claudio que las “condiciones de hacinamiento en la cárcel son impresionantes. Además, por estar imputados no pueden salir al patio y pasan todo el día encerrados”. Tampoco tienen visitas por la pandemia así que el único contacto es por celular dos veces a la semana.

Añade que su primo es muy conocido en la ciudad por participar activamente en acciones sociales y medioambientales. Lo define como un artista, artesano y creador, de hecho durante este tiempo ha reparado el deteriorado sistema eléctrico y baño de su celda, enseñando también matemáticas y a leer a otros presos. “Acá la gente sabe que esto es un montaje y luchamos porque se caiga, porque conocemos a Claudio”, expresa.

Por su parte, Tania espera que termine pronto esta pesadilla. Le ha tocado duro, ya que debe batirse con lo que vende en una feria persa y los aportes de su familia, además, como tiene fibrosis quística se complejiza su vida. Jordano antes de la golpiza sufría de intensos dolores en su espalda por hernias discales derivadas de su labor como repartidor de gas, situación que se ha agravado. Recién hace un par de semanas, por la gestión de parlamentarios tuvo acceso a atención médica negada durante estos meses, y deberá ser operado producto de hematomas en su estómago.

Pese a estas difíciles circunstancias, Tania dice que su pareja: “tiene su conciencia clara y no bajará los brazos”. Por su parte, el INDH presentó querella por torturas cometidas en contra de los cuatro jóvenes detenidos.

Detenida en el Sename

“Sofía es una niña alegre, tranquila, le gusta maquillarse y hacer dibujos”, así describe María Elisa Tapia a su hija. La joven -segunda entre cuatro hermanos-, cursaba cuarto medio en 2019 y se preparaba para dar la PSU cuando Chile explotó. Animada por el proceso que se vivía, concurrió junto a sus compañeros y compañeras de liceo a la plaza de Buin, a protestar durante varios días frente a la municipalidad.

Su madre dice que destaca por ser alta y buenamoza, por eso cree que se fijaron en ella y la siguieron durante los días previos, según le reconoció un funcionario de carabineros.

El 4 de noviembre de 2019, cuenta que estuvieron protestando durante horas y no aparecieron los uniformados: “Para mí fue como una trampa. Esperaban que los chiquillos hicieran algo y algunos agarraron unas bolsas de basura y las encendieron frente a la puerta de la municipalidad”. Afirma que su hija no participó en estos hechos, que los videos exhibidos como pruebas la muestran conversando pero sin involucrarse.

La detuvieron junto a otro muchacho (Joaquín Cáceres) camino a su casa esa misma tarde. Los formalizaron y decretaron prisión preventiva en centros del Sename por ser menores de edad. “Fue una locura, no lo podía creer. La acusaron de ser la autora intelectual y decían -en la formalización- que como había gente dentro de la municipalidad quería quemarlos”, expresa su madre con preocupación. Pero cuenta que nunca hubo un incendio, “la puerta apenas se chamuscó y jamás llamaron a bomberos; salió un jardinero y apagó las bolsas”.

La joven estuvo 80 días en el Sename, pasó a arresto domiciliario total, luego solo nocturno y desde el 2 de diciembre está con arraigo nacional. El 19 de enero habrá una nueva audiencia y la Fiscalía ha dicho que presentará una salida alternativa, relata María Elisa. Su hija le ha dicho que no quiere aceptar porque no es culpable de nada, aunque arriesga diez años de condena.

Pese a lo sucedido, Sofía continúa su vida y cursa su primer año de trabajo social. La criminalización de la protesta y las miles de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado chileno, no han logrado quitar sus sueños a una población que clama equidad y justicia social.