Un proyecto de resolución que busca fiscalizar y mejorar las condiciones en que se encuentran los adultos mayores de los hogares de larga estadía en el país, ELEAM, producto de la pandemia, aprobó hoy la Cámara de Diputados. Lo anterior, considerando varios casos registrados en los últimos meses, “donde nos preocupan las condiciones sanitarias en que se encontraban, las medidas de protección y obviamente si se están adoptando o no los resguardos respectivos”.

Entre los casos, el proyecto aprobado recuerda fallecimientos y contagios en hogares de Concepción, Puente Alto, Santiago, Ñuñoa y el dramático caso del hogar “San José” de Cabildo en la Provincia de Petorca, con 9 adultos mayores fallecidos.

La iniciativa pide “el resguardo de los derechos humanos de quienes se encuentran en los centros respectivos y agrega la demanda de información detallada sobre la tasa de letalidad y contagio de COVID-19 que han presentado los ELEAM del país e informe acerca de las acciones concretas que se encuentran realizando en estos centros respecto de la fiscalización, monitoreo epidemiológico de los establecimientos de larga estadía, la oportuna identificación de riesgo, trazabilidad, identificación de casos positivos y aislamiento en el evento que corresponda, desagregando la información de acuerdo a regiones y la periodicidad de los mismos.”

El proyecto, encabezado por el jefe de la bancada , Daniel Verdessi y suscrito, entre otros, por los diputados DC Víctor Torres, Joanna Pérez, Miguel Ángel Calisto y los diputados independientes Fernando Meza y Carlos Abel Jarpa, señala que “los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, ELEAM, son los centros donde deben otorgarse cuidados diferenciados, que de acuerdo a su reglamentación, tienen por objeto la prevención y mantención de su salud, la mantención y estimulación de su funcionalidad y el reforzamiento de sus capacidades remanentes; es de suma relevancia saber cómo están funcionando al respecto”.

Se agrega que “ante una situación compleja desde el punto de vista jurídico institucional; la deficitaria protección jurídica de los derechos del adulto mayor, y la actual pandemia, se requiere generar todas las instancias de coordinación estatal a fin de evitar un drama humano, donde los adultos mayores representan el grupo más vulnerable, y cuyos centros de larga estadía se convierten en espacios facilitadores de propagación del virus, afectándolos a ellos y a sus trabajadores y provocando, muchas veces, un aumento considerable de letalidad. Ello, por la presencia de condiciones médicas preexistentes que aumentan la posibilidad de presentar mayores complicaciones con la presencia del virus COVID-19.

Finalmente, se señala que “por todo lo anterior, es fundamental comprometer todos los esfuerzos sanitarios, económicos y sociales, promoviendo en todas las regiones del país un monitoreo epidemiológico de los establecimientos de larga estadía, la oportuna identificación de riesgo, trazabilidad, identificación de casos positivos y aislamiento en el evento que corresponda.”