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En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el alcalde de la ciudad de Arica, Gerardo Espíndola, valoró el despliegue del Ejército en la Macrozona Norte en cuanto radica en una oportunidad para subsanar problemáticas que superan el desafío de la migración irregular.

“Es una muy buena noticia que haya comenzado el despliegue ayer del Ejército en la protección de las fronteras”, señaló, aduciendo que “acá no solamente estamos hablando de cómo se ordena este flujo migratorio que hoy día está afectando a todo el continente, sino cómo se logra volver a recuperar el poder de los límites fronterizos, especialmente para elementos que van más allá de la crisis migratoria, que tienen que ver especialmente con el ingreso de mafias, de carteles, de criminales, todo tipo de delitos transfronterizos como el contrabando, tráfico de armas, drogas, robo de vehículos, y por último quizás el más grave, el tráfico de personas”.

En ese sentido, el edil indicó que “vemos una tremenda oportunidad en esta acción que se está materializando, que la ministra del Interior nos planteó en su visita a Arica en el mes de diciembre. Que bueno que ya en febrero esto comience a tomar forma”.

Ahora bien, acotó que la medida “por supuesto que nunca va a ser suficiente”. “Es recién el inicio, yo acá soy bastante cauto, sé que con esto no se va a solucionar todo el problema que tenemos de fronteras totalmente abandonadas por el Estado durante las últimos 40 a 50 años, pero es el inicio”.

En esa línea, consideró que el arribo del Ejército “tiene que venir de la mano con acciones que tiendan a mejorar la diplomacia y una mayor coordinación con los vecinos países, especialmente en materia de migración y cómo enfrentamos, no solo la crisis migratoria, sino que también este movimiento de los carteles internacionales que se están desplegando por toda Sudamérica”.

Adicionalmente, consideró necesario “que se tomen acciones de mayor protección y fortalecimiento de los territorios fronterizos, que es más allá de la línea que divide dos países”.

“Por ejemplo, Arica es un territorio fronterizo y requiere medidas especiales de mayor protección en cada acción que tenga que ver con medidas de seguridad, tienen que disminuir por ejemplo la burocracia para que se pueda asumir los desafios propios de una ciudad, más los desafios propios de lo que significa vivir en la frontera”, afirmó.

Reacciones parlamentariasSi bien valoró la medida, la senadora de RN por la región de Antofagasta, Paulina Nuñez, dijo esperar que ella pueda ser complementada con la aplicación de un estado de excepción en la zona.

“Estaremos muy atentos y a la espera de que esta herramienta que se suma para dar respuesta de manera integral resulte y permita tener una frontera más protegida y por lo tanto una migración segura, ordenada y regular. Sin embargo, le pedimos al Gobierno que no descarte eventualmente un estado de excepción constitucional, si es que fuera necesario, en lugares donde no esté rigiendo la ley de infraestructura crítica”, señaló.

Y agregó que “sabemos además que las Fuerzas Armadas no están formadas para las atribuciones que van a tener y por lo tanto su capacitación va a ser clave, como también que no las mandemos sin los recursos ni implementos necesarios para ejecutar las decisiones que hoy la ley le está entregando”.

A su vez, el diputado de la UDI por el distrito dos, Renzo Trisotti, afirmó que además de hacer uso del Ejército para el resguardo de las fronteras, el Gobierno tiene que dar “una serie de señales mucho más claras y esperamos que se le ponga discusión inmediata a proyectos que van en el mismo sentido, que podamos discutir la modificación de los procedimientos de expulsión. En el año 2022 ingresaron de manera clandestina a nuestro país 54 mil personas y solo se pudo expulsar administrativamente a 25, por lo tanto los procedimientos deben ser modificados”.

“Acá es necesario revisar si el ingreso clandestino debe seguir siendo considerado una falta o debe modificarse a delito. Acá se nos tiene que dar cuenta también de cuáles son las gestiones que se están haciendo con Bolivia para poder lograr la reconducción”, sostuvo.

Sobre la materia, la directora (s) del Instituto de Derechos Humanos, Constanza Váldes, informó que el organismo ofició al ministerio del Interior y de Defensa para conocer “cuáles son los protocolos que se utilizarán en el control de identidad que realizarán las FF.AA y conocer cuales son los planes de formación y capacitación en materia de DD.HH, perspectiva de género y pertinencia cultural y en tercer lugar, conocer también cuál va a ser el armamento específico que se utilizará por parte de las FF.AA para el control del orden público en las zonas fronterizas”.

“Desde el INDH manifestamos nuestra preocupación que FF.AA asuman las labores del control del orden público”, añadió.