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El Ministerio Público señala que el peligro de esta posible normativa dejarían sin efecto, «entre otras causas, la condena a 11 años de presidio impuesta a John Cobin, por homicidio frustrado y Ley de Control de Armas, tras disparar en la vía pública en Viña del Mar, el 10 de noviembre de 2019; o impediría perseguir la responsabilidad penal de los dos imputados en prisión preventiva por el atentado con artefacto explosivo en el edificio Tánica, el 27 de febrero de este año”.

La Fiscalía de Chile reaccionó este lunes al intento de un grupo de parlamentarios de oposición de impulsar una Ley de Indulto para los detenidos en el marco del estallido social del 18 de octubre de 2019, rechazando esta idea e indicando que de aprobarse sería una “gravísima señal para la convivencia social”.

A través de un comunicado, el Consejo General de Fiscales del Ministerio Público respondió a los cuestionamientos que se ha hecho al sistema de justicia penal y de las instituciones que la componen.

“Las actuaciones de la Fiscalía de Chile se enmarcan en el mandato institucional que le otorgan la Constitución y las leyes, y sus fiscales ejercen sus labores con autonomía y estricto apego a la legalidad, actuaciones siempre sometidas al escrutinio y control de los Tribunales de Justicia y, por ende, ajenas a toda arbitrariedad”, explican.

En ese sentido, precisan que la Fiscalía “reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de las personas, a través de investigaciones que dan plenas garantías de objetividad, seriedad y transparencia, lo que implica perseguir todos los actos que revistan carácter de delito, independiente de quienes los cometan”.

Indican que “todas las acciones persecutorias emprendidas por los fiscales tienen como única y exclusiva motivación la búsqueda de reparación ante hechos constitutivos de delitos, en cualquier contexto. No cabe, por tanto, cuestionamiento alguno respecto de eventuales consideraciones de orden no jurídico en la persecución criminal que ejerce el Ministerio Público. Quien así lo sostenga, tiene el deber de acreditarlo”.

Además, señalan que ante hechos de especial gravedad y debidamente fundados en los antecedentes que emanan de las investigaciones que se llevan adelante, “la Fiscalía solicita medidas cautelares de mayor intensidad, como la prisión preventiva, las que son evaluadas en audiencias públicas, en las que interviene la defensa del imputado y en la que resuelve un Tribunal de la República, decisión que regularmente es revisada, a su vez, por un tribunal superior de carácter colegiado. Este proceso impide cualquier arbitrariedad”.

“En consecuencia, la Fiscalía de Chile no puede compartir aseveraciones en orden a que existirían cientos de personas privadas de libertad por delitos menores, o contra quienes se habría hecho un uso indebido o desproporcionado del derecho penal. Las personas sometidas a la acción de los Tribunales de Justicia no están en esta condición por su pensamiento o por sus opiniones, sino por actos que son constitutivos de delitos”, sostienen.

Asimismo, sostienen que las críticas que se han hecho al “estado procesal” de causas que están relacionadas con el estallido social, constituyen una “generalización inaceptable, que demanda de sus autores la individualización de las mismas”.

Finalmente, sostienen que “ante este contexto, la Fiscalía de Chile hace presente que un proyecto de ley de indulto como el presentado en el Congreso Nacional en los últimos días podría constituir una gravísima señal para la convivencia social, pues plantea condiciones que dejarían sin efecto, entre otras causas, la condena a 11 años de presidio impuesta a John Cobin, por homicidio frustrado y Ley de Control de Armas, tras disparar en la vía pública en Viña del Mar, el 10 de noviembre de 2019; o impediría perseguir la responsabilidad penal de los dos imputados en prisión preventiva por el atentado con artefacto explosivo en el edificio Tánica, el 27 de febrero de este año”.