Por Pedro Vera Castillo

Delegado Junta Nacional PDC

Recientemente, se ha conocido y aprobado el reajuste de las remuneraciones del sector público que establece un 4.3% de incremento y que se espera compense el aumento del costo de la vida reflejado en el IPC anual. Este es el resultado de un proceso de negociación realizado con el gobierno por las organizaciones más representativas de los trabajadores del sector público, entre las cuales: ANEF, ASEMUCH, CONFUSAM y Colegio de Profesores, todas coordinadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Paralelamente, se conoce la decisión de la Comisión Especial, conformada de acuerdo al Art. 38 bis de la Constitución, y que está encargada de fijar, cada 4 años y con a lo menos 18 meses de anticipación al término de un periodo presidencial: “Las remuneraciones del Presidente de la República, de los senadores y diputados, de los gobernadores regionales, de los funcionarios de exclusiva confianza del Jefe del Estado que señalan los números 7° y 10° del artículo 32 y de los contratados sobre la base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas ya indicadas”.

Pues bien, dicha Comisión establece un reajuste de 4.8%, para las remuneraciones más altas del sector público fundada en que ese valor representa la variación porcentual del IPC de diciembre 2022 a noviembre 2023.

Dicha Comisión está integrada por: Un ex Ministro de Hacienda; un ex Consejero del Banco Central; un ex Contralor o Subcontralor de la Contraloría General de la República; un ex Presidente de una de las ramas que integran el Congreso Nacional; y un ex Director Nacional del Servicio Civil. Todos ellos son nombrados a propuesta del Presidente de la República con el apoyo de los 2/3 de los senadores en ejercicio.

Si bien puede argumentarse la independencia de esta Comisión respecto del gobierno, es a éste que le corresponde tomar iniciativa para que esta discriminación insoportable y éticamente impresentable, aparentemente inédita, en favor de los sueldos más altos de la administración del Estado y en perjuicio de los miles de trabajadores del sector público que reciben remuneraciones mucho más bajas, sea corregida de inmediato.

Como humanistas cristianos somos partidarios de apoyar decididamente las grandes reformas sociales pendientes, y que este gobierno se ha comprometido a llevar a cabo, y somos también partidario de suscribir los acuerdos electorales y programáticos – con las fuerzas oficialistas - que sean necesarios para asegurar la derrota de una derecha cada vez más sediciosa y posibilitar el avanzar hacia un Chile más justo pero no somos vagón de cola de “un tren de las torpezas” ni estamos disponibles para callar cuando se cometan este tipo de discriminaciones insoportables que sólo aumentan las inequidades al interior de los funcionarios del Estado y deterioran aún más la imagen de la política. //ELF