Por Nelson Hadad Heresy

Abogado de la Universidad de Chile y magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica

El Presidente de la República, Gabriel Boric, cumpliendo una promesa de su campaña, firmó el proyecto de ley para adherir al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en 2018, en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y que han suscrito 25 países.

Dicha convención constituye el principal instrumento jurídico multilateral de la región para la defensa de los derechos ambientales, habilitando a los gobiernos para implementar las medidas necesarias para la protección y conservación del medio ambiente y evitar su vulneración.

El tratado recoge el espíritu del 10° enunciado de la Cumbre de la Tierra y la Declaración de Río de 1992, referidos a los tres derechos fundamentales antes mencionados. Resultaba inconsistente la renuencia a suscribir dicho tratado, considerando el discurso de Chile en Naciones Unidas al asumir su compromiso en defensa del medio ambiente y las medidas para contener los efectos del cambio climático.

No se divisa en el tratado afectación alguna a la soberanía de Chile, ni tampoco la referencia a los Estados Sin Litoral puede hacer temer por su adhesión. Los países no pueden vivir con el trauma del síndrome litigioso ni con miedos para ser parte ante tribunales internacionales.

Las naciones deben aceptar voluntariamente someterse a la jurisdicción de un tribunal de justicia en conformidad al Derecho Internacional. La ratificación del Acuerdo de Escazú garantiza la democracia ambiental para la región y repara una errada decisión de nuestra política exterior, que generó el aislamiento de Chile, afectando su imagen internacional y su compromiso con el multilateralismo en la protección del medio ambiente regional. //ELF