Por Juan Claudio Reyes

Licenciado en Sociología de la Universidad de Chile. Lastarrino y cruzado. Asesor de la bancada de Diputados DC. 

El movimiento de protesta social en Chile, cumple 60 días y la percepción generalizada, que desgraciadamente coincide con la realidad, es que, hasta aquí, no ha logrado respuestas concretas, transformadas en políticas públicas, a las demandas que han movilizado a varios millones de chilenos.

Es posible afirmar que, casi nadie de los que estuvieron dispuestos a salir a marchar, por todo el país, lo hicieron para cambiar la Constitución, aún cuando esto se haya ido posicionando, en el transcurso de las protestas, como un elemento unitario.

Ello ha sido, también, lo que más ha movilizado a los actores políticos, especialmente los partidos y parlamentarios, que han creído, con ello, dar respuesta a la demanda de los movilizados, sin percibir que ello no estuvo en la génesis del movimiento y, probablemente, no estará en la respuesta esperada y, en consecuencia, no hará que haga que la protesta desaparezca, aunque disminuya, para luego ser retomada, con igual o más fuerza, probablemente a partir del mes de marzo.

Si esto ocurre así, estaremos en presencia, una vez más, de la incapacidad de la institucionalidad política para entender la verdadera composición de la demanda ciudadana y, luego, construir una respuesta que, enfrentando los temas más inmediatos, se oriente a tener un impacto mayor, de mediano y largo plazo, lo que pasa, inevitablemente, por apuntar a cambios estructurales del modelo socio económico construido desde la dictadura en adelante, que ha consagrado una inequidad que, finalmente, sacó a los chilenos de sus casas, para protestar, por campos y ciudades, con una sola idea: YA NO MAS.

La oposición seguirá acusando al gobierno por su incapacidad de generar iniciativas conducentes a dar las respuestas requeridas y, desde el ejecutivo, se seguirá emplazando a los opositores a “colaborar en la vuelta a la normalidad”, lo que significa, en realidad, retrotraer al país al 11 de octubre, en una suerte de “gatopardismo”, donde se da la apariencia de que todo cambió, sin que, en la práctica, nada cambie.

La base de esa acción gubernamental es, especialmente por la impronta del mandatario, que no está disponible para cambios a un modelo que, en contra de la mayoría enorme del país (que se lo recuerda semana a semana en encuestas que lo dejan en la peor evaluación de los gobiernos, desde el retorno a la democracia), a él lo satisface, en un proceso de ideologización que parece haberse incrementado, a la par de su desprestigio entre los ciudadanos.

Y, por el lado de los opositores, más allá de su incapacidad de ponerse de acuerdo en algún método de trabajo compartido, se caminará, de manera diletante, por derroteros que no responden, sistemáticamente, a los ciudadanos movilizados o, a lo menos, a sus militantes, lo que no colabora, ni con ideas ni con acciones, ciudadanas o legislativas, que los pongan a la cabeza del camino que habrá que recorrer, para reconstruir una nueva forma de relación, cultural e institucional, que aún no se percibe.

Probablemente, entonces, estamos en el peor escenario. Gobierno debilitado al límite; oposición sin propuesta que entusiasme a los movilizados y estos, cansados, pero sabiendo que no han conseguido casi nada y que, si abandonan la lucha, se consolidarán, por mucho tiempo, las condiciones que no soportan.

Hay, adicionalmente, una falta dramática de liderazgos, esos que, usualmente, en situaciones de crisis complejas, suelen emerger.

Habrá que seguir esperando, ¿queda tiempo?