Por Gabriel Ascencio

Legislador DC y jefe bancada de diputados

Cada cierto tiempo, las sociedades se sienten amenazadas por la irrupción de contenidos que tienden a desvalorizar la democracia como mecanismo de entendimiento entre sus habitantes y regulador de las relaciones sociales colectivas.

Así ocurrió en Chile, a partir de fines de los años sesenta, cuando, tras los logros del gobierno reformista del Presidente Eduardo Frei Montalva, se dio paso al gobierno del Presidente Allende, que se comprometió a un camino que condujera a la construcción de “un socialismo a la chilena”.

Los sectores dominantes de la sociedad chilena se sintieron amenazados y, con la complicidad de los militares, como fue la tendencia en casi toda América Latina, ejecutaron uno de los golpes de Estado más crueles de la región, imponiendo una dictadura violenta, por casi 17 años.

Se han cumplido 46 años de esa tragedia y, al igual que en otros países de nuestro barrio, se alzan voces que amenazan nuestra convivencia democrática, tan duramente conquistada y tan difícilmente sustentable.

Si el signo característico de los movimientos que se apartaron de la conducta democrática desde la segunda mitad del siglo pasado fueron los extremos de izquierda que, perdiendo la fe en la capacidad de conquistar las reivindicaciones de la mayoría en el estrecho marco de la democracia representativa, optaron por iniciar “procesos revolucionarios”, incluso armados, hoy pareciera ser que es el otro extremo el que, añorando “el orden” impuesto por los regímenes de fuerza, se empiezan a movilizar para generar gobiernos autoritarios, a partir de un populismo que conecta con los miedos de muchos sectores de la población, que resienten los fenómenos provenientes de la inseguridad ciudadana y, en no pocos países, el control de los barrios por parte del narcotráfico o los procesos migratorios.

Sin duda, ello representa un severo riesgo para nuestra democracia y debe ser observado con el mayor interés, por los líderes de opinión de los países de la región, so pena de entrar, nuevamente, en procesos de debilitamiento de la convivencia, cuyas consecuencias ya conocemos.

En Chile no olvidamos el horror vivido desde el 11 de septiembre de 1973 y, sobre esa base, intentamos comprometernos en un NUNCA MAS, que sea capaz de traspasar a las nuevas generaciones un serio llamado a cuidar la convivencia democrática, como único mecanismo válido para asegurar una convivencia pacífica, que permita a las grandes mayorías avanzar en las conquistas económicas y sociales justas, para construir democracias estables que sostengan un desarrollo con rostro humano y alcanzar la Justicia Social, imperativo de todo humanismo.