Para dimensionar la magnitud de los delitos destapados por la “Operación Tributos”, el exfiscal, Carlos Gajardo, aseguró que es “100 veces el caso Penta”, indicó Radio.uchile.cl. 

De acuerdo al abogado, “hay varias maneras de efectuar la comparación, pero si uno mira el número de documentos tributarios falsos que se utilizan, en el caso PENTA, más menos se utilizaron mil documentos tributarios falsos; en el caso Factop, del señor Sauer, el Servicio de Impuestos Internos se ha querellado por casi diez mil; y en este caso, en el caso tributos, el número total de documentación falsa que se habría originado es de 100 mil. O sea, 100 veces el caso PENTA”, indicó.

“Cuando uno ve además los perjuicios fiscales que se han producido, estos son 240 mil millones de pesos, lo que equivale a seis teletones, entonces, es un caso muy grave y por eso, correctamente, se le ha calificado como el fraude tributario más grande de nuestra historia”, señaló.

Respecto al modus operandi utilizado para evadir impuestos, Gajardo explicó que “se trata de actividad organizada de un grupo de personas que lo primero que hacen es crear sociedades con palos blancos, con gente que no tiene gran actividad económica y a partir de esas sociedades, generar facturas ideológicamente falsas que se iban vendiendo a otras empresas que sí tienen existencia real, con la que ellos dejaban de pagar tributos”, dijo.

“Esto se hizo de una manera muy masiva. Solo uno de los imputados, el principal, el señor Canessa, se le atribuye que habría tenido participación en más de 50 mil facturas ideológicamente falsas y a partir de eso, se produce el perjuicio fiscal”, agregó.

El exfiscal afirmó que es importante que estos hechos sean investigados y sancionados, “pero también es muy importante y yo diría que aún más, prevenirlos, porque hay que decir una cosa: esos 240 mil millones de pesos no se van a recuperar”.

“Tenemos que tener mejores medidas para prevenir, mejores formas para que el Servicio de Impuestos Internos detecte más rápidamente estas conductas, que se haga efectivamente bloqueo de las empresas que están dando esta información tributaria falsa y que haya mejores cruces de información”, sugirió.

“Yo creo además que es bueno avanzar hacia un sistema en que hayan denuncias anónimas, denuncias remuneradas para quien dé a conocer esta cantidad de delitos, que pueda permitir tener un sistema mejor de prevención y fiscalización para no llegar a estos extremos de tanta pérdida de dinero fiscal”, insistió.

En cuanto a la legislación que se usará para sancionar a los empresarios de la Operación Tributos, Gajardo precisó que no se puede aplicar la nueva ley de delitos económicos, pero que de todos modos, “la norma antigua, por la gravedad y la reiteración de conductas, si es aplicada, va a generar penas efectivas de cárcel”.

De acuerdo al exfiscal, ahora todo depende del Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

“Esto lo digo porque hace algunos años tuvimos casos de defraudaciones semejantes, vinculadas al mundo político, como fueron los casos PENTA, SQM y Corpesca y en esas causas tanto el Ministerio Público como el Servicio de Impuestos Internos no estuvieron a la altura ni hicieron todo lo posible para condenar severamente esas infracciones. El SII dejó de presentar querellas en muchos casos que afectaban a estas empresas y la Fiscalía llegó a algunos acuerdos. El fiscal regional, Manuel Guerra, llegó a un acuerdo con los controladores del grupo PENTA donde permitió que esta causa terminara con clases de ética”, recordó.

“Todo eso, por supuesto, fue muy nocivo y le dio una señal muy negativa al conjunto de los contribuyentes. En el fondo, dijeron: estos delitos no son tan graves, si usted los comete no pasa mucho. Esa señal fue muy nefasta para el sistema y yo creo que las consecuencias de eso las estamos pagando ahora”, estimó.

En todo caso, Gajardo advirtió que el escenario ahora sería distinto, “porque en general las personas que están involucradas no son tan poderosas cómo lo fueron en su momento las del caso PENTA o las del caso SQM y, por lo tanto, creo que la Fiscalía no va a tener tantas limitaciones para actuar como las tuvo en ese momento”, opinó.

“Lo importante es que las instituciones estén a la altura de la responsabilidad histórica que tienen y tengan la necesaria autonomía para poder revisar todo este tipo de investigaciones sin ningún tipo de presiones, o que sean capaces de soportar las presiones que se apliquen sobre ella”, concluyó.