La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, señaló que la delincuencia "es el primer tema de preocupación en orden de gravedad" para el Gobierno y anunció que le pondrán "máxima urgencia" a la agenda de seguridad en el Congreso Nacional.

Esto, luego del resultado que arrojó el último índice de medición de la Fundación Paz Ciudadana sobre la situación delictual que aqueja al país, que es la más alta percepción de temor ante la delincuencia en los últimos 22 años. Asimismo, el estudio arrojó que la cantidad de delitos es la más baja en 15 años.

"Muchas iniciativas que vienen del Gobierno anterior e incluso de antes las estamos tomando y les estamos ingresando indicaciones para que retomen su camino y prontamente vean la luz", comentó la secretaria de Estado en entrevista con Radio Cooperativa.

Sobre la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas, Uriarte afirmó que "al Ejecutivo lo que le importa es tener una gobernabilidad tranquila y clara en la Cámara de Diputados y estamos empeñados, desde un punto de vista político, en consolidar y fortalecer el diálogo democrático y el encuentro cívico".

Al respecto, afirmó que sería "lamentable" que se incumpliera el acuerdo administrativo realizado en marzo por todas las fuerzas parlamentarias, exceptuando Chile Vamos y el Partido Republicano.

Sobre las querellas en contra de Sergio Micco, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), declaró que "Yo conozco hace muchísimos años a Sergio Micco. Me parece impropio, impertinente, etcétera, que se le considere encubridor de violaciones a derechos humanos. Me parece un despropósito completo, total".

Recordemos que durante la jornada de ayer, la Cámara aprobó este miércoles el proyecto de resolución presentado por la UDI en defensa de Micco.

La iniciativa busca “respaldar con la mayor convicción” al extimonel del INDH. Además, el documento responsabiliza al Partido Comunista y el Frente Amplio, luego que Micco asegurara que recibió presiones políticas e ideológicas que sufrió por parte de diputados y exconstituyentes de dichas colectividades para que el organismo declarara que existían violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en el país.