Por Andrés Palma

Militante DC y economista del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible

Ingrid Robeyns, Kate Raworth y Mariana Mazzucato son tres economistas que están renovando el pensamiento económico, vale la pena seguirlas y estudiarlas.

En estos días en que se ha estado discutiendo la idea de imponer un impuesto al patrimonio de los super ricos, idea respaldada internacionalmente por el Secretario General de Naciones Unidas y el jefe de estudios del Fondo Monetario Internacional.

La discusión se ha centrado en si es conveniente o no para la inversión, si recaudaría lo que se dice, si hay mejores alternativas o si es el momento adecuado. Al parecer nadie se opondría salvo por razones técnicas. Es que defender la acumulación de riqueza en pocas manos no es una causa popular.

Desde distintas perspectivas se puede analizar la acumulación de la riqueza y pareciera ser el momento para acercarse al pensamiento de Ingrid Robeyns. Ella lidera la reflexión sobre el limitarismo, es decir, poner límite a la riqueza que pueda acumular una persona, debido a la ineficiencia que representan las concentraciones de mercados, a la injusta forma (en general) como se generó esa acumulación, y al peligro que ello genera para la convivencia democrática.

En su texto “Tener demasiado”, junto con recordar que hay una larga historia de argumentos de que las grandes desigualdades en ingresos y riqueza socavan el valor de la democracia y el ideal de igualdad política en particular, señala que “los ricos pueden traducir su poder financiero en poder político a través de una variedad de mecanismos”, como que “los ricos pueden financiar partidos políticos e individuos”, tal como se ha visto en los aportes a las campañas a la convención constituyente, gobernaciones, alcaldes y concejales; también que utilizan el dinero en “influencias para establecer la agenda para la toma de decisiones colectivas”, como ocurrió hace algunos meses, cuando el actual presidente de los empresarios retiró el avisaje a un canal de televisión porque no se compartía su línea editorial, o como han determinado los Tribunales actuó la empresa Corpesca; y, por último, porque “la gente rica puede comprar medios de comunicación, que pueden utilizar para controlar tanto la difusión de información como los argumentos que se intercambian en debate público”, lo que también sabemos ha ocurrido en Chile con la compra de Chilevisión por Sebastián Piñera, el canal de la Universidad Católica por Andrónico Luksic y La Tercera por Álvaro Saieh, entre otros. Cabe señalar que estos tres inversionistas en medios de comunicación serían afectados por un impuesto al patrimonio como el que se ha propuesto.

Pero Robeyns también va más allá en su análisis. Destaca que, “en la medida en que los ricos tengan su riqueza concentrada en empresas, pueden socavar los objetivos elegidos democráticamente mediante el uso de su poder económico. Esto convierte el poder de capitalistas en una restricción de viabilidad para la formulación de políticas democráticas. Por ejemplo, si los ciudadanos tienen decidió democráticamente que quieren menos emisiones de gases de efecto invernadero en su país, luego las grandes empresas pueden amenazar con trasladar la producción contaminante a otros países si el gobierno electo impondría una regulación más estricta de las emisiones ecológicas”, lo que es un discurso que conocemos bien en Chile y, además, nos lleva a preguntarnos por el uso de los fondos de las AFP.

Sin embargo, en el fondo, poner un límite a la riqueza que se puede tener o acumular, o fijar un procedimiento que establezca un ingreso máximo admisible por la sociedad, así como existe un ingreso mínimo, plantea un tema que es también económico y social.

El limitarismo, platea Robeyns, “como doctrina no solo moral sino también política es radical”, ya que implica que el estado debería reformar las instituciones sociales y económicas de tal manera que nadie obtenga ningún excedente de dinero que no le corresponda, es decir propone la eliminación de las rentas económicas (aquello que se obtiene sin haberlo creado o producido, por ejemplo, los minerales, los peces o la energía del agua). Esto da sentido a la existencia de una forma generalizada de royalty sobre el uso de los recursos naturales, y obliga a distinguir lo que es ganancia por el correcto uso del capital de lo que es apropiarse de una renta que pertenece a toda una comunidad, inclusive a la comunidad planetaria, y debe ser administrada por esa comunidad, y no ser privatizada en manos de unos pocos.

La ausencia de limite a la acumulación trae consigo diferencias sociales sustantivas. En la última década los ingresos de los ricos se han incrementado mucho más que el promedio de las sociedades, aún en pandemia como lo acaba de informar la revista Forbes. Esta creciente diferencia lleva a una creciente alienación de los más ricos, a un desconocimiento de la realidad de sus próximos y a un uso de sus recursos como si nada tuviera límites. Pero los límites existen, aún para el crecimiento.

Diversos estudios señalan que año a año, con la destrucción de bosques y el uso intensivo de combustibles fósiles, estamos superando nuestro techo ecológico, y lo hacemos también a costa de nuestro fundamento social, lo que ha dado origen a la pregunta de Kate Raworth de si se debe poner límite al crecimiento o, más bien, si se debe poner límite a este crecimiento que nos ha llevado a tan alta concentración de la riqueza y, simultáneamente y posiblemente como consecuencia de ello, a tan grave deterioro de nuestra naturaleza y, agrego, convivencia como especie.

Raworth, que ha desarrollado la llamada teoría del donut, pone énfasis en que el crecimiento de la economía tiene como límite el que deba conservar el capital natural del planeta, lo que llama el “techo medioambiental”, que superamos en las llamadas zonas de sacrificio, usando combustibles fósiles, y de tantas formas que suponemos son recursos ilimitados, pero no lo son. Lo estamos viendo en lugares donde la sobre explotación ha ido disminuyendo los acuíferos y en cómo las pestes que afectan los cultivos acuícolas se reproducen como si fuera una nueva cepa del COVID 19. Pero el crecimiento también tiene el límite de la base social, ya que debe garantizar que todas las personas tengan los recursos que necesitan –alimentos, agua, atención sanitaria y energía– para que sus derechos humanos sean efectivos.

En su análisis, Raworth, destaca que “en la actualidad la principal presión sobre los límites planetarios la ejerce el consumo excesivo de recursos por parte de aproximadamente el 10 por ciento más rico de la población mundial, así como los patrones de producción de las empresas que proporcionan los bienes y servicios que este porcentaje de personas más ricas adquiere”, dando pie también a que se ponga un límite a la riqueza, y proponiendo que el crecimiento sea inclusivo ya que “los datos disponibles apuntan a que todas las personas que viven en la actualidad podrían situarse dentro de la base social con una utilización de recursos adicionales sorprendentemente escasa”, si los recursos se distribuyeran mejor.

Esto debe realizarse con un enfoque que tome distancia del mercado, ya que tratar de “reducir la presión sobre los límites planetarios utilizando mecanismos de mercado que no están regulados adecuadamente y que tratan de la misma forma a los poderosos actores internacionales y a las comunidades locales, cuyos derechos sobre la tierra, el agua y la participación política son profundamente frágiles”, termina concentrando los recursos en las personas de altos ingresos y empobreciendo a los más débiles.

La solución está en que el Estado asuma el rol que le compete, tanto para asegurar la base social, como para inhibir la superación del límite ambiental. Mariana Mazzucato, la economista sobre la que el Papa Francisco ha dicho: “Creo que ayuda a pensar el futuro”, señala en su último libro (Economía de la Misión, un disparo a la Luna para transformar el capitalismo) que “solo el gobierno tiene la capacidad de producir una transformación a escala como es necesario” que consiste en “reestructurar el negocio para que los beneficios privados se reinviertan en economía en lugar de utilizarse para ganancias financieras a corto plazo”.

No es una tarea fácil, ya que los intereses en juego son múltiples, pero también porque es necesario que tanto los gobiernos como los empresarios asuman una mirada global. “El argumento a favor de un cambio radical es abrumador -sostiene Mazzucato– Pero para impulsar este cambio tenemos que ver el problema a través de una lente en particular, concentrándonos en repensar el gobierno para estimular mejoras en la economía.”