Por Gabriela Simonetti Grez, Sociedad Civil por la Acción Climática Magallanes y
Víctor Silva Gallardo, Sociedad Civil por la Acción Climática Antofagasta

Chile ha hablado claro, de norte a sur y de cerro a mar, sobre lo que deseamos como sociedad: una nueva Constitución Política que fije las reglas del juego para el país. Creemos desde el ambientalismo que la naturaleza y la biodiversidad necesitan ser consideradas como elemento central porque un pueblo no existe si no tiene un soporte físico sobre el cual habitar. Nuestro bienestar depende de la salud de los ecosistemas. Todas nuestras necesidades, desde la alimentación hasta la salud mental dependen de un entorno natural sano.

Un Chile que desea mejor seguridad social, dignidad en la habitabilidad, la salud, educación y el medio ambiente son temas importantes que desde el estallido social del 2019 han cobrado fuerza pues hemos logrado entender que hay un desequilibrio y una mochila cargada de inequidades desde hace varios años. No es baladí considerar que el cuidado, protección y conservación de nuestro entorno es un asunto central puesto que la postura es clara: este modelo económico actual no resiste seguir sacrificando zonas de nuestro país y a su gente. Un modelo extractivista irresponsable con la biodiversidad y que nos deja a merced del mercado en el acceso a bienes comunes como el agua, no hacen más que reforzar que la crisis social del 2019 es también ambiental. Si seguimos depredando la naturaleza como lo hemos hecho hasta ahora, estamos poniendo en jaque nuestro bienestar y el de las generaciones que vendrán, amenazando incluso la consecución nuestros Derechos Humanos.

Creemos que la Nueva Constitución, en un capítulo sobre Principios Ordenadores del Estado, debiera considerar al medio ambiente como un elemento central, tal como lo son la nación, la soberanía, la población, los individuos, el territorio e -inclusive- la separación de poderes. Esta consideración es un gran avance en el modo en que nos vemos y reconocemos como nación respetuosa de nuestro entorno y sería, sin dudas, algo que marcaría precedentes.

En cuanto al capítulo de los Derechos Fundamentales es necesario comprender en una visión amplia a nuestro medio ambiente, como lo efectúan en Constituciones latinoamericanas como la ecuatoriana. Chile ha replicado un modelo de desarrollo que entiende la biodiversidad como un recurso ilimitado para ser explotado, sin comprenderlo como un eje clave para el buen vivir. Manifestación clara es que el país es quinto en el ranking de conflictos socioambientales per cápita según el Atlas de Justicia Ambiental, basta observar los 117 conflictos registrados en el Mapa de Conflictos del Instituto Nacional de Derechos Humanos que, a pesar de no estar actualizado, refleja una realidad transversal: los territorios -incluyendo las comunidades, la biodiversidad que los habitan y sus interacciones-, están fuertemente amenazados por sistemas de desarrollo que no contemplan que la sostenibilidad tiene como uno de sus pilares fundamentales la conservación de la naturaleza.

La Sociedad Civil por la Acción Climática en Chile, con eco regional en Antofagasta y Magallanes, exige que se garantice el acceso al agua como un derecho humano, con prioridad para la conservación de los ecosistemas y el fin de las zonas de sacrificio que existen hoy en Chile, asegurando a cada persona el derecho a la vida digna, a la salud y la mayor protección del medio ambiente para que nunca más en el país se exploten indiscriminadamente recursos ni dañen ecosistemas, así como el justo reconocimiento a nuestros pueblos originarios, es decir, una Constitución de cuidados, protección, recuperación y valoración.

La conversación debe ser descentralizada, levantando las voces de líderes y lideresas ambientales de todo Chile que dan a conocer cómo la actividad portuaria ha determinado el comportamiento de aves en Mejillones donde éstas construyen sus nidos con fibras de sacos plásticos, o una minería que ha hecho desaparecer lugares como Chuquicamata o las termoeléctricas que degradan la vida en Tocopilla o Huasco. En el sur los bosques han sido arrasados por monocultivos, los mares donde habitan especies únicas del país como el delfín chileno, se han infectado de jaulas de cultivo para salmones y sus pampas, turberas, árboles y lagunas desaparecen en rajos mineros para extraer carbón.

Los dolores son de norte a sur, pero tenemos la esperanza puesta en que, como sociedad, entendamos que afectar la naturaleza también degrada la calidad de vida de las comunidades locales y, aunque no lo veamos a simple vista, a la humanidad en su totalidad. Por ello, la justicia ambiental es -además- justicia social.//ELF