Tras el respaldo unánime de las y los parlamentarios, se aprobó en el Congreso – y queda listo para ser Ley - el proyecto que incorpora a las Trabajadoras de Casa Particular al Seguro de Cesantía, una demanda histórica de los gremios del sector, informa LaRazon.cl.

Han sido años de lucha por acceder a mejores condiciones laborales y hoy, en medio de una Pandemia, las Trabajadoras de Casa Particular lograron un paso importante por alcanzar mayores y mejores derechos: la aprobación unánime (en ambas cámaras) del proyecto de Ley que las incorpora al Seguro de Cesantía, quedando sólo su promulgación para que sea Ley.

El proyecto patrocinado por el Gobierno y diseñado con mociones de senadores y senadoras, nació producto del intenso trabajo de las organizaciones sindicales del sector por alcanzar la igualdad de derechos laborales y de protección social y que, durante este último tiempo, en medio de la Pandemia, logró el apoyo transversal de las y los parlamentarios.

“El acceso al seguro de cesantía ha sido demandado desde su creación por las Trabajadoras de Casa Particular, sobre todo durante la crisis sanitaria, económica y social que ha dejado la pandemia, donde nuestro sector fue arrasado, perdiendo más de 120 mil empleos, lo que corresponde al 40% de los puestos de trabajo, y quedando constantemente fuera de los apoyos del Estado. Este es un paso muy importante que nos permitirá seguir avanzando en el reconocimiento de nuestros derechos laborales y mayor protección social”. señalan desde la Coordinadora de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap, Fesintracap, Anecap, Sinducap).

Y agregan que “esto ha sido fruto del trabajo articulado del sector. Nuestra demanda logró que las y los parlamentarios aprobaran el proyecto de manera transversal y unánime, en todas sus etapas legislativas, sabiendo que esto nos permitirá, en el largo plazo, protegernos ante estas eventualidades que hoy tienen a miles de Trabajadoras de Casa Particular en situación de vulnerabilidad”.

Una vez que el proyecto sea promulgado y la Ley entre en vigencia, todos los contratos nuevos deberán tener una redistribución en su imposición por indemnización a todo evento (4,11%). Es decir, del 4,11% mensual que el empleador/a imponía a la AFP todos los meses, ahora sólo un 1,11% se irá a conceptos de indemnización y el 3% se destinará al Seguro de Cesantía, en la cuenta individual (2,2%) y al Fondo Solidario (0,8%).

En el caso de los contratos antiguos (antes de que entre en vigencia en la Ley) las trabajadoras tendrán un plazo para decidir si traspasan sus fondos de indemnización a todo evento al Seguro de Cesantía.

En cuanto a su implementación, las organizaciones de Trabajadoras Particulares esperan que el Ministerio del Trabajo cumpla su compromiso de simplificar la administración de fondos y generar una campaña de educación e información para las trabajadoras y sus empleadores/as, lo que implicará recursos en el Presupuesto Nacional.