Por Andrés Palma

Camarada DC y exministro

Escribo esto cuando faltan unas diez semanas para el plebiscito al que hemos sido convocados las chilenas y chilenos para decidir, el 25 de octubre, si queremos una nueva Constitución, y en caso de que triunfe esa opción, el Apruebo, si esta nueva regla fundamental será redactada por una Convención enteramente electa por las ciudadana y ciudadanos, o si su integración será mixta, es decir, una mitad electa por los ciudadanos y otra mitad electa por los actuales integrantes del Congreso, de entre ellos mismos.

En octubre, si triunfa el Apruebo, será la primera vez en que los ciudadanos y ciudadanas actuaremos como poder constituyente entregando un mandato a los Convencionales para que entreguen un nuevo texto fundamental.

En estas diez semanas cada persona convocada a pronunciarse deberá resolver si ejerce su poder constituyente o si renuncia a el para devolverlo a los diputados y diputadas, y senadores y senadoras, que es lo que ocurre si triunfa el rechazo. Confío que todos, sin temor, ejerceremos nuestro poder constituyente.

Pero, ejercido el derecho y siendo poder constituyente, corresponderá elegir a los convencionales que se reunirán a redactar el texto que, luego, en otro plebiscito, tendremos que ratificar. Y esto tiene tanta importancia, o más, como el inicio del proceso.

La Constitución es la regla fundamental que fija las normas de convivencia de una sociedad y, para que sea sólida, debe ser aceptada voluntariamente por todos y todas, o al menos por la inmensa mayoría de aquellos y aquellas para las que va a regir. Es lo que se quiso hacer al acordar, casi todas las fuerzas políticas con representación institucional, convocar a la ciudadanía. Cambiar una norma impuesta por la fuerza de las armas, por una generada por la fuerza de la voluntad.

El acuerdo que le dio origen fijó dos cuestiones que permiten suponer que ello es posible.

Lo primero es que se parte de una “hoja en blanco”. Esto es muy importante para que todos sientan que lo que surja de la Convención es producto de su deliberación, y que no hay una imposición previa.

Lo segundo es que las normas deben aprobarse por un quorum de dos terceras partes de la Convención, lo que obliga a buscar acuerdos y garantiza, ya que ninguna lista u organización va a obtener dos tercios de los convencionales, que el resultado será producto del diálogo y requerirá un alto grado de concordancia entre personas que piensan y sienten diferente.

Pero ello no es suficiente. Hay un requisito adicional que es aún más importante. Es necesario que los convencionales concurran con voluntad de entendimiento, con disposición a buscar los acuerdos más amplios y duraderos. Esta debe ser la clave al elegir a los convencionales.

Las chilenas y los chilenos no somos violentos, ni sectarios, ni gustamos del autoritarismo. Queremos una sociedad menos desigual, con derechos y oportunidades originadas en el ser persona, y no en el patrimonio personal.

Pero el país está polarizado, socialmente separado, y en tensión por la injusticia social, las reacciones violentas y los efectos de la pandemia. En este estado de cosas hay quienes anuncian un proceso constituyente que conducirá al caos, la inseguridad y la pobreza.

Las normas que se han fijado impedirán que ello ocurra, pero también lo impedirá que en la Convención primen las y los dialogantes, las y los que creen en el otro, los y las que estén dispuestas a ceder en pro de construir un futuro común para todas y todos, en palabras de don Jaime Castillo Velasco: una Patria para todos.

En estas diez semanas podemos construir espacios de diálogo y confianza, para que el plebiscito del 25 de octubre marque el inicio de la construcción de esa Patria para todos y todas //ELF.