Por Adriana Muñoz

Senadora PPD y presidenta del Senado

El COVID19 sigue generando dramáticas consecuencias en todo el mundo. Los muertos suman ya más de 100.000 personas, mientras que los contagiados alcanzan a más de un millón quinientos mil. La situación de España, Italia o Estados Unidos provoca enorme conmoción por su gravedad y magnitud.

Evidentemente, nuestro país no ha estado ajeno a esta situación. Contabilizamos unos 6.000 casos positivos y varias decenas de muertos, especialmente adultos mayores, pero también víctimas de menos edad. Nadie está a salvo.

Para enfrentar esta pandemia no hay mejor antídoto que quedarse en casa. Mientras se pueda, es imprescindible permanecer en el domicilio, evitando transmitir o recoger el contagio. Asimismo, deben reforzarse acciones como el lavado de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social.

Sin embargo, tras varias semanas de cuarentena obligatoria o voluntaria, el encierro empieza a causar externalidades. Tal como sucedió en países que vivieron estas restricciones con anterioridad, se ha comprobado un incremento en las llamadas a los teléfonos de ayuda sobre violencia de género e intrafamiliar.

Lamentablemente, los conflictos derivados de la vida cotidiana y de las situaciones de temor y tensión que esta enfermedad y sus consecuencias económicas, como el desempleo y la falta de recursos para atender las necesidades básicas, derivan en violencia física y psicológica, especialmente contra mujeres y niños.

Es imprescindible evitar estas situaciones. Tratar de mantener la calma, pese a las dificultades y el miedo. Asimismo, es muy importante no dejar de denunciar. Ello exige una actitud proactiva de los organismos encargados de atender estos llamados de auxilio. La Fiscalía, la Defensoría de la Niñez, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género deben actuar rápidamente, lo mismo que los tribunales.

Es importante tener claro que las audiencias por causas de violencia intrafamiliar y de género no se encuentran suspendidas, en tanto requieren un pronunciamiento urgente. Las medidas cautelares, como el alejamiento o el abandono del hogar familiar, pueden seguir solicitándose o prorrogándose, a través de las plataformas de internet o personalmente en los tribunales.

En este mismo sentido, he solicitado al Gobierno otorgar urgencia al proyecto de ley que presenté hace varios años y que se encuentra en sus etapas finales, que permitiría controlar estas medidas vía telemática, con tobilleras electrónicas, detectando de ese modo sus vulneraciones.

Asimismo, esperamos que mientras esta situación de emergencia persista, se incrementen los cupos en las casas de acogida.